Publicado ABC Color 18 Maio 2011
Recién ayer se alzó en la página oficial del Gobierno (www.presidencia.gov.py) el citado Decreto, fechado el 13 de mayo último, que “autoriza al Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Armadas de la Nación a realizar el proceso de contratación por vía de la excepción, para la adquisición de armamentos, vehículos y equipos militares”.
Para autorizar esta modalidad de compra, el Ejecutivo alega razones de seguridad y menciona el Art. 33, inciso “c”, de la Ley 2051/3 que habla que la adquisición directa se puede hacer “cuando se realizan con fines de garantizar la seguridad nacional”.
Lugo de esta forma acepta la recomendación realizada por la Comisión de Estudio para la Adquisición de Armamentos, Vehículos y Equipos Militares, conformada el 6 de diciembre del 2010 por orden general 222, según se menciona en el considerando del decreto.
Reserva
El mismo documento también señala que “para el logro de los fines tendientes a resguardar la seguridad nacional, es de suma importancia mantener en reserva la adquisición de armamentos, vehículos y equipos militares, puesto que una exposición pública de las necesidades de las Fuerzas Armadas de la Nación podría resultar perjudicial para las operaciones militares proyectadas” para el resguardo de la seguridad del país.
En las Fuerzas Armadas existen ambiciosos proyectos de compras de armamentos, como aviones, tanques y barcos, además de otros equipos. Las autoridades del Gobierno y exponentes militares hablan de que la decisión política ya fue asumida, aunque el proceso será largo. Hablan de presupuestos plurianuales, y como ejemplo de la primera operación de compra fueron los 58 vehículos tácticos recientemente recibidos, cuyo importe se comenzó a pagar con el presupuesto del año pasado.
El ministro de Defensa, Gral. Brig. (SR) Cecilio Pérez Bordón, estimó meses atrás que la inversión este año en equipamientos y modernización de puestos fronterizos militares, sobre todo del Chaco, alcanzaría unos 40 millones de dólares.
Por su parte, el TCnel. Héctor Grau, director del proyecto de adquisiciones, había explicado que en el periodo comprendido entre el 2011 y 2013 se pretende invertir US$ 90 millones en las tres armas en diferentes conceptos. En el Chaco, la inversión sería de unos US$ 20 millones.
El millonario gasto que se prevé en las Fuerzas Armadas preocupa a algunos militares, que ven el peligro del desvío del dinero público. Esto teniendo en cuenta los graves antecedentes de corrupción en la milicia, problema que hasta ahora sigue golpeando a la institución, como los periódicos robos de armas y proyectiles y las denuncias de desvíos de recursos para el personal militar. Asimismo, resurgió el tema del soldado “fantasma” a raíz de que un joven denunció que figura en los papeles como soldado de una unidad militar en Pilar sin haber pisado el cuartel. Este caso está actualmente en manos de la Fiscalía. Los que temen que la inversión proyectada alimente la corrupción también advierten la poca efectividad de los controles internos de la milicia, como la Justicia Militar. Son pocos los casos fuera de la ley en el sector castrense que han terminado con sanciones ejemplares. El ministro Pérez Bordón insistió varias veces en que todo el proceso de compra será transparente y que todos los papeles estarán a disposición de la Contraloría.
