La noche del 20OCT16, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, organismo bajo control del régimen chavista, anunció la suspensión indefinida del proceso que debería llevar a un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El CNE decidió suspender, sin fecha, la recolección de firmas requeridas para la convocatoria al referendo revocatorio, cerrando así las puertas a lo que diversos gobiernos extranjeros consideraban como la vía para reducir las tensiones políticas en Venezuela. Mediante artilugios de tribunales, el régimen venezolano suspendió el referendo y, de paso, abrió nuevos procesos judiciales contra dirigentes opositores.
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En medio de serios condicionamientos logísticos impuestos mediante normas recientemente aprobadas por autoridades electorales y judiciales, la oposición venezolana se disponía a mostrar su capacidad organizativa y garantizar que en apenas tres días, es decir en 21 horas útiles, podrían movilizar cerca de cuatro millones de electores para registrar su apoyo al referendo. La recolección de firmas estaba prevista entre el 26 y el 28OCT16 y se realizarían en condiciones de gran dificultad para la Oposición. Además, el CNE ya había adelantado que tardaría 90 días en validar las firmas, haciendo que el referendo perdiera su sentido como mecanismo para renovar la Presidencia de la República. A pesar de ello, el liderazgo opositor aceptó el reto de recolectar las firmas para evidencia la magnitud del rechazo que genera el Gobierno Maduro. Pese a ya haber convertir el proceso hacia el referendo en una carrera de crecientes obstáculos contra la Oposición, el régimen finalmente optó por abortar la consulta popular. Dos días antes, el 18OCT16, el CNE igualmente había anunciado su decisión de no realizar las elecciones para gobernadores de estado cuyos mandatos vencen en el mes de diciembre. Ese mismo día, en uno de sus usuales programas de Tv, Maduro amenazó a los gobernadores opositores de no suministrarle recursos durante el año 2017, en caso de que no firmen un documento reconociendo el Presupuesto de gastos aprobado mediante decreto sin aprobación del parlamento.
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Mediante sentencias de tribunales penales de cinco estados interioranos emitidas de forma simultanea el 20OCT16, el chavismo dejó sin efecto la recolección previa de firmas cumplida por la Oposición en el mes de mayo. Esa recolecta de firmas del 1% del electorado, requisito no contemplado en la Constitución venezolana, fue inventado por el CNE como mecanismo previo al arranque del proceso revocatorio condicionando la recolección de firmas del 20%. Para la recolección de esas primeras firmas, los electores debieron concurrir dos veces para firmar y corroborar su signatura y luego, tras tres meses de espera, el CNE validó el 01AGO16 las firmas recolectadas en mayo. La línea oficialista para impedir el referendo viró hacia una estratagema propagandística y judicial para desacreditar y anular las firmas recolectadas en mayo, acusando a la dirigencia opositora de haber incurrido en fraude.
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A pocas horas de que tribunales penales (¡no electorales!) de cinco estados acogieran el 20OCT16 las demandas introducidas por representantes del oficialismo, el CNE decidió “acatar” las órdenes de esos tribunales y suspender la prevista recolección de nuevas firmas. A su vez, el tribunal penal de primera instancia del estado Carabobo, a solicitud del gobernador chavista de la entidad, emitió una orden a las autoridades migratorias para impedir la salida del país de ocho representantes de la Oposición, incluyendo al excandidato presidencial y gobernador Henrique Capriles, al Secretario Ejecutivo de la MUD Jesús “Chuo” Torrealba y a seis directivos de la alianza opositora. Los dirigentes opositores son acusados de “falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al poder electoral”. Capriles y Torrealba se suman a la larga lista de opositores procesados por el régimen quienes se encuentran presos o con medidas que limitan su movilidad.
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El Gobierno de Colombia está creando el ambiente político y jurídico para desconocer el resultado del plebiscito del 02OCT16 en el cual el electorado colombiano rechazó el Acuerdo Santos-Farc.
El 19OCT16, tras ser recibido en el Palacio de Nariño en Bogotá, el expresidente colombiano Ernesto Samper quien aún ejerce como Secretario General de Unasur, utilizó la cuenta Twitter de la institución para informar el contenido de su conversación con Santos. “Los acuerdos están vigentes y deben comenzar a implementarse en los aspectos no discutidos”, tuiteó Samper. El día anterior, Santos había aprovechado el acto de posesión de dos magistrados del Consejo de Estado para una de sus ahora usuales alocuciones televisadas. Santos afirmó el 18OCT16 que “vamos a buscar una salida entre las alternativas que nos ofrecen nuestras leyes y nuestra Constitución, incluidas las sentencias de la Corte Constitucional”.
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El Gobierno Santos y las Farc ya acordaron un “mecanismo de trabajo” para analizar las propuestas recolectadas entre quienes se oponen a los términos del Acuerdo. El mecanismo debería comenzar a actuar el 21OCT16 con la llegada a La Habana de los negociadores de Santos. Las declaraciones de varios voceros de las Farc, muy activos estos días en Twitter, dejan entender su rechazo a modificaciones de fondo en lo pactado con Santos, lo que hace suponer que el llamado “nuevo acuerdo” no incluirá las observaciones que han reclamado los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. En su mensaje televisivo del 20OCT16, Santos afirmó que procedería a negociar con las Farc “los ajustes necesarios en el término de la distancia” y agregó que “quiero terminar esto pronto, muy pronto”. Dijo haber recibido “cientos de propuestas” e incluso las clasificó en “razonables” “difíciles pero no imposibles” y “totalmente inviables”. La posibilidad de alcanzar un verdadero nuevo acuerdo con las Farc luce lejana, lo que está obligando a Santos a procurar un atajo judicial a la derrota política que sufrió su Acuerdo con las Farc.
Desde la realización de un nuevo plebiscito convocado por Santos hasta la emisión de leyes y decretos que materialicen el Acuerdo prescindiendo del resultado adverso del plebiscito, son opciones que se manejan en la casa presidencial en Bogotá. El tiempo apremia porque la prisa de Santos en implementar el Acuerdo incluso antes de su aprobación, se ha convertido en un dolor de cabeza para él y muchos gobiernos a los cuales el presidente colombiano involucró basado en la hipótesis de que el Acuerdo sería aprobado por los colombianos. La ONU ya ha movilizado cientos de observadores a Colombia para monitorear el cumplimiento del cese al fuego y el Acuerdo Santos-Farc por lo que el Consejo de Seguridad debió el 18OCT16 mantener por ahora esa misión pese a que su legalidad ha sido puesta en duda.
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Uno de los temas más críticos de la actual coyuntura colombiana es el mantenimiento de miles de guerrilleros de las Farc, los cuales de haber prosperado el Acuerdo habrían comenzado a recibir estipendios y subsidios estatales.
El periodista colombiano Daniel Coronell, director de noticias de Univisión, realizó el 16OCT16 en el Hotel Nacional de La Habana una entrevista a Iván Márquez, jefe de la delegación negociadora de las Farc, en la cual se trató el tema del “costoso” financiamiento de las tropas guerrilleras. Márquez confesó que “hace algunos meses” las Farc suspendieron “las impuestaciones” lo que “obviamente nos está generando una situación económica que tenemos que discutir con el Gobierno” e incluso adelantó que “creo que tendremos que recurrir a las organizaciones internacionales”. Coronell cortó a su entrevistado para explicar que lo que Márquez llama “impuestaciones” son “extorsiones, secuestros” y otros tipos “de actos delictivos”, a lo que el jefe faraco alegó que “las impuestaciones” son asumidas como parte de “la rebelión”.
Se quejan las Farc que su flujo de caja comienza a ser un problema y aspiran que el Gobierno colombiano, o gobiernos extranjeros, financien los costos de mantener varios miles de guerrilleros armados en campamentos.
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El tema del financiamiento surge justo en momentos cuando surgen críticas en varios parlamentos europeos sobre el apoyo otorgado a organizaciones pro Farc. Existen evidencias de que el Gobierno suizo suministró decenas de miles de dólares a ONG que promueven la paz en Colombia, pero en medios parlamentarios suizos comienza a censurarse el hecho de que su Gobierno financió entidades abiertamente parcializadas con las Farc en el reciente plebiscito. La campaña a favor del SI realizada por la izquierda pro Farc colombiana habría contado con dinero extranjero, según se desprende de las noticias que llegan de Europa.
Si bien no existe aún una investigación parlamentaria, “las donaciones a ONG colombianas que hicieron campaña por el SI están acentuando las preocupaciones por la neutralidad [de Suiza en el plebiscito en Colombia] que varios miembros de la Cámara Baja del parlamento suizo van a formular frente al Canciller el 31OCT16”, comentó el periodista suizo Florian Schwab del semanario Die Weltwoche consultado para este Informe.
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El papa Francisco anunció el 09OCT16 la creación de trece nuevos cardenales de la Iglesia. Uno de ellos será el arzobispo de Mérida, Venezuela, monseñor Baltazar Porras. La selección de Porras creó gran malestar entre los altos jerarcas del régimen, quienes habían convertido en blanco de ataques sistemáticos, incluso físicos, durante la larga hegemonía chavista en Venezuela.
Quien desde el 19NOV16 será llamado Su Eminencia Baltazar Cardenal Porras llegó a Mérida como Obispo Auxiliar en 1983 y la ciudad lo vio adentrarse en las zonas más humildes para reconfortar con mensaje cristiano, pero igualmente lo vio crecer como guía civil, productor intelectual, y referente de la comunidad donde sirve.
