EDGAR C. OTÁLVORA
En el menú de opciones que el gobierno de EEUU maneja como sanciones al gobierno de Venezuela, la Casa Blanca no descarta la aplicación de medidas directamente contra Nicolás Maduro y su entorno familiar. Así lo aseguró Michael Fitzpatrick, el subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, en declaraciones del 27JUL17, luego que Washington anunciara el ingreso de trece altos jerarcas del régimen chavista a la lista de la Office of Foreign Assets Control OFAC.
Entre los nuevos sancionados se encuentran cinco altos oficiales militares con rangos de “mayor general” o “general de brigada”, a quienes EEUU acusa de responsabilidad en “violencia y represión”, incluyendo a los comandantes del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional, así como al Ministro de Relaciones Interiores. Estas nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump se sustentan en la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 y conllevan al retiro de visado estadounidense a los sancionados y sus familiares, el congelamiento de sus activos en territorio de EEUU y la prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de mantener relaciones de negocios con ellos.
En la lista emitida el 26JUL17 se encuentran, además, el dirigente chavista Elías Jaua, exvicepresidente y miembro del comando de la revolución, la presidente del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, el “Defensor del Pueblo” Tarek William Saab Halabi, la hasta hace poco Ministra de Prisiones Iris Varela, así como varios altos funcionarios del sector petrolero y de las finanzas públicas incluyendo a Carlos Malpica Flores, un sobrino de Cilia Flores, la esposa de Maduro.
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Si bien las sanciones anunciadas por EEUU son unilaterales, los gobiernos de México y Colombia ya anunciaron que se sumaban a la aplicación de las restricciones impuestas a los altos jerarcas chavistas, mientras la diplomacia estadounidense está procurando que varios gobiernos de Europa y Latinoamérica se sumen en esta dirección. El 27JUL17, el gobierno de México emitió un comunicado oficial anunciando que por conducto de su Secretaría de Hacienda y Crédito Público “procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia”. El 28JUL17, el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, anunció que en cumplimiento de acuerdos de cooperación con EEUU, su despacho procedería a realizar una revisión de posibles propiedades “que pretendan ocultar” en Colombia los venezolanos sancionados. Igualmente advirtió que cualquier ciudadano colombiano “que tenga relaciones comerciales o financieras con esas personas quedan en riesgo de ser vinculado a conductas de lavado de activos”.
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Con la llegada del chavismo al poder en Venezuela, EEUU ha aplicado diversas sanciones al régimen, restringiendo la venta de material militar o de alta tecnología, condicionando el acceso de barcos de carga procedentes de puertos venezolanos, sancionando bancos conectados con Irán, vetando créditos de organismos multilaterales, aparte de la inclusión de altos jerarcas chavistas en la Lista Clinton de acusados de terrorismo y narcotráfico. Incluso el Citibank decidió en 2016 cerrar las cuentas que mantenía el gobierno Maduro para transacciones internacionales.
Pero fue el 17JUL17 cuando por primera vez EEUU asomó la posibilidad de aplicar sanciones económicas “fuertes y rápidas” al gobierno chavista, en caso de que Maduro lleve a cabo su plan de instalar una Asamblea Constituyente diseñada a su medida. Desde ese día se han multiplicado las especulaciones de quienes opinan sobre el tipo de sanciones que podrían aplicarse y sobre su conveniencia. Prohibir o encarecer el ingreso de crudo venezolano a EEUU, prohibir o encarecer las exportaciones hacia Venezuela de productos refinados estadounidenses (incluyendo gasolina) de los cuales depende Pdvsa, limitar o prohibir las operaciones de Pdvsa en el sistema financiero de EEUU, inclusión de la empresa en la Lista Clinton, son parte de los posibles escenarios de los cuales se habla abiertamente a nivel global. El menú de opciones está en manos de la Casa Blanca.
Pero aun cuando el gobierno de EEUU no ha anunciado sanciones comerciales contra el gobierno Maduro, el sector petrolero estadounidense habría comenzado a tomar decisiones operativas para sustituir las compras del crudo venezolano. Según un reporte de la agencia Reuters, las empresas refinadoras Valero Energy Corp y Marathon Petroleum Corp ya decidieron modificar sus procesos de refinación a corto plazo reemplazando el petróleo pesado venezolano con crudo liviano incluso de origen estadounidense.
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"Los miembros de Mercosur reconocemos que en Venezuela no hay democracia. Es terrible que los países de América Latina tengamos que reconocer que en Venezuela no hay democracia". Las frases corresponden a Jorge Faurie, el canciller argentino, emitidas durante una entrevista en Buenos Aires el 27JUL17. Pocas horas antes, el presidente de Uruguay, el socialista Tabaré Vázquez confesó que no mantiene conversaciones con Maduro desde que coincidieran en Brasilia el 17JUL15. Ambas expresiones dan cuenta del divorcio que ya existe entre el gobierno chavista y la comunidad de gobiernos de la región. Si bien aún Uruguay se muestra reacia a suspender definitivamente a Venezuela del Mercosur, sus socios están adelantando los trámites formales para su ejecución apelando al primer Protocolo de Ushuaia el cual contempla la suspensión en caso de ruptura del orden democrático en algún país socio aunque no prevé sanciones económicas.
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Los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en Caracas recibieron una invitación del canciller Samuel Moncada para concurrir el 26JUL17 a la casa Amarilla, sede de la cancillería, para una reunión de carácter informativo. Ese día se cumplía el primer día de un paro nacional de 48 horas convocado por la Oposición venezolana durante el cual muchas vías urbanas en Caracas permanecían cerradas por barricadas. A pesar de que el gobierno Maduro negó la efectividad del paro, el servicio de protocolo de la cancillería chavista habría ofrecido a los embajadores extranjeros proporcionarles servicio de “moto taxi” que pudiera obviar las barricadas y llevarlos hasta el centro de la ciudad.
Moncada, quien desde su llegada al cargo ha focalizado su actividad hacia el diario ataque al gobierno de Trump, dedicó su alocución ante los diplomáticos extranjeros a denunciar un supuesto plan de los gobiernos de EEUU, Colombia y México para derrocar a Maduro.
La denuncia de Moncada se basaba en el contenido de una conferencia dictada el 20JUL17 por Mike Pompeo, el director de la CIA, en el marco del “Aspen Security fórum 2017” organizado por “The Aspen Institute. En respuesta a la pregunta hecha por una periodista de origen venezolano, Pompeo comentó que “estamos muy esperanzados en que pueda ocurrir una transición en Venezuela y en la CIA estamos haciendo lo mejor para entender la dinámica de eso y poder comunicársela al Departamento de Estado y a otros”. Pompeo hizo referencia a sus recientes viajes a Bogotá y Ciudad de México donde habría conversado con sus gobiernos sobre el tema venezolano. El comentario del jefe de la CIA en un evento académico fue razón para que la cancillería chavista denunciara un plan para derrocar a Maduro, cuando en realidad lo que reflejó Pompeo fue el hecho de que el “tema Venezuela” es ya recurrente en las conversaciones entre todos los gobiernos de la región. La canciller colombiana, María Angela Holguím lo confirmó en declaraciones del 28JUL17: “hemos conversado con varios países de la región sobre la crisis en Venezuela con el ánimo y el objetivo de que se dé una negociación política entre los venezolanos y lo seguiremos haciendo. La conversación que se tuvo con el director de la CIA no fue nada distinto a esto”.
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Por cierto, tras la reunión con el canciller de Maduro, en la comunidad diplomática asentada en Caracas se produjo un curioso hecho que trascendió rápidamente a sus respectivas cancillerías. El embajador de Brasil en Venezuela, Ruy Carlos Pereira, envió vía Whatsapp un mensaje que aparentemente estaba dirigido a alguien en Brasilia, quizás de la cancillería de Itamaraty, pero que por su error o por alguna razón desconocida, el diplomático lo envió a un grupo de distribución que mantienen diplomáticos extranjeros en Caracas.
De esa manera los colegas de Pereira se enteraron que durante la reunión en la sede de la cancillería, el diplomático brasileño había estado muy diligente reactivando contactos con el gobierno chavista. El texto que con sorpresa y algo de ironía recibieron los diplomáticos en sus teléfonos decía: “Sigue tel. entre hoy y mañana. Yañez me recibirá hoy a la 16h. Renové el canal con Jaua que estaba presente hoy en la mañana en la Casa Amarilla. Moncada me dijo que me recibiría “en los próximos días” fue cortes y simpático cuando nos saludamos”. De esa manera el brasileño dejaba ver que sería recibido por el viceministro Yañez y que había restablecido contactos con Elías Jaua a quien, por cierto, ese mismo día el gobierno de EEUU lo había incluido en la lista de jerarcas chavistas sancionados.
La simpatía de Moncada con Pereira contrastó con los agrios ataques del canciller de Maduro contra el gobierno brasileño al cual suele calificar de “golpista” y “de facto”. El portal brasileño DefesaNet reportó lo sucedido en Caracas y llamó la atención sobre la “doble agenda” que podría estar jugando el embajador brasileño en Caracas ya que Pereira fue designado por el gobierno de Dilma Rousseff en 2013. “Mientras Pereira adulaba a los jefes de la diplomacia bolivariana en Caracas, a la misma hora su colega Bernardo Paranhos Velloso afirmaba en una reunión de la OEA en Washington que el gobierno de Maduro “amenaza con destruir la democracia y los poderes, como es el caso de la Asamblea Nacional”, resaltó el portal DefesaNet.
