INFORME OTÁLVORA – Gobierno y Oposición ya están negociando

@ecotalvora

“La de Chávez era un dictadura tolerable” en el año 2007, cuando Álvaro Uribe le solicitó que actuara como facilitador ante las Farc para la liberación de secuestrados. El concepto de “dictador tolerable” fue expresado el 7 de abril, en una entrevista radial, por la colombiana Paloma Valencia, senadora recién electa en las listas de Uribe. Paloma Valencia es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia.

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Ya el Gobierno y la oposición venezolanos están negociando. Si bien tanto el oficialismo como los voceros de la MUD prefieren eludir la palabra “negociación”, el martes 15 de abril, en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva, tuvo lugar la primera reunión formal de negociación. A la cita no asistió Nicolás Maduro quien se encontraba en un evento bailable en el Palacio de Miraflores, a trescientos escasos metros de distancia, celebrando su primer año en la Presidencia. Dos días antes, Maduro afirmó que con las negociaciones aspira que la oposición reconozca “al chavismo como fuerza mayoritaria” y ofreció “avanzar hacia un modelo económico que incluya aún más a los sectores de la oposición y del empresariado”. Con ello, el chavismo radical cree haber confirmado su tesis de la alianza antisocialista que Maduro representaría.

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El encuentro Gobierno-MUD del 15 de abril fue privado, sin cámara de televisión, con asistencia de la comisión de tres cancilleres de países de Unasur y el nuncio apostólico en Caracas. Los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil volaron a Caracas expresamente para asistir a este encuentro, el cual comenzó con retraso a causa de la tardanza de los representantes oficiales quienes celebraban en Miraflores junto a Maduro. El jefe de la delegación opositora, Ramón Guillermo Aveledo, antes de ingresar a la sala de reuniones denominó el encuentro como “primera sesión de trabajo preparatorio”. Sin embargo, tras tres horas de encuentro, tanto Aveledo como el vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza, dieron cuenta de los temas tratados y las decisiones tomadas. Era un hecho que la negociación formal había comenzado.

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El rechazo inicial que mostró la oposición hacia Unasur viró en una total aceptación de su participación en las negociaciones con el Gobierno. Unasur fue inicialmente un “acompañante” solicitado por Maduro; luego, a finales del mes de marzo, asumió junto al Vaticano el rol de “tercera parte de buena fe” a solicitud de ambas partes. Ahora Unasur, por solicitud de Gobierno y la MUD, adquirió la condición de “garante” del diálogo, según hizo público el canciller brasileño Luiz Alberto Figueiredo. En tanto, el Vaticano no pretende enviar, por ahora, a su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín. La Santa Sede da por suficiente la presencia de su nuncio en Caracas, el arzobispo Aldo Giordano, como representante de la Iglesia en el proceso.

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En paralelo a la condición de “garantes” de las negociaciones Gobierno-MUD, los cancilleres de Brasil y Ecuador, Luiz Figueiredo y su colega ecuatoriano Ricardo Patiño, han optado inconsultamente por actuar como suerte de voceros de las negociaciones. Patiño, durante su viaje nocturno de regreso a Quito grabó una entrevista narrando lo ocurrido en Caracas, a lo cual sumó numerosos tuiteos sobre el tema. Figueiredo, por su parte, convocó una rueda de prensa en Brasilia el 16 de abril para comentar lo negociado en Caracas. La cancillería brasileña, en un inusual ejercicio de indiscreción, inclusive contradijo a Aveledo quien había informado el 15 de abril que el Gobierno Maduro no aceptó el proyecto de Ley de Amnistía. La cancillería brasileña, en su cuenta Twitter, anunció el 16 de abril que el “Gobierno [venezolano] afirmó estar abierto a la discusión del proyecto de amnistía a los presos presentado por la MUD”. El canciller brasileño, con locuacidad poco usual en Itamaraty, incluso afirmó que la oposición venezolana no quiere una “amnistía amplia”.

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Como una demostración del estilo con el cual la oposición venezolana maneja las negociaciones con el Gobierno, el secretario Ejecutivo de la MUD, al referirse a la Ley de Amnistía no habló de “presos políticos”. Aveledo se refirió a “una cantidad de venezolanos, de ahora y de antes, que son prisioneros por causa de sus luchas cívicas”.

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De la información divulgada por los cancilleres de Ecuador y Brasil se desprende que el Gobierno venezolano y la MUD ya acordaron una futura “negociación política” y los “procedimientos” para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de magistrados faltantes en el Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente decidieron que la “Comisión de la Verdad” sobre las protestas acontecidas en Venezuela desde el pasado mes de febrero, incorpore personalidades y no sólo parlamentarios. Según Figueiredo, la Comisión examinará todos los hechos acontecidos “es esos disturbios”, es decir, “las muertes, investigar cómo esas muertes acontecieron y su autoría”, así como los casos de “abusos y violaciones de Derechos Humanos”. El brasileño también reveló que el Gobierno habría ofrecido analizar casos aislados de presos políticos para su liberación. Sobre el pedido de medida humanitaria para Ivan Simonovis, encarcelado desde el 2004, el Gobierno habría ofrecido crear una junta médica y pidió que la oposición escuchara un comité oficialista denominado “Victimas del 11 de abril”. En cuanto al desarme de los grupos paramilitares pro-oficialistas, el Gobierno ofreció desarmar “a toda la población civil” insistiendo en que los “colectivos” no están armados. La oposición, según el canciller brasileño, enviará técnicos para exponer políticas económicas al Gobierno.

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Al principio de la tarde del 11 de abril, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos arribó a la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Su objetivo era realizar un Consejo de Ministros, escuchar a los principales sectores del departamento Norte de Santander y, hacer anuncios para una región especialmente afectada por la situación económica y política venezolana. Las medidas de promoción económica forman parte de un documento denominado “Plan Santos”, coordinado por el alcalde cucuteño Amaris Ramírez. Entre los miembros de la delegación de Santos estaba su ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, quien había participado en Caracas hasta horas de la madrugada, en la primera reunión televisada entre el Gobierno y la MUD. Santos, en su discurso ante los asistentes al evento celebrado en el Hotel Bolívar de Cúcuta, se mostró optimista sobre las gestiones de Unasur en Venezuela. En tanto, la ministra Holguín habría comentado a algunos asistentes al encuentro sus reservas sobre la real voluntad de las partes para alcanzar acuerdos.

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La visita de Santos a la principal capital de la frontera oriental colombiana fue en respuesta al paro realizado en Cúcuta el 3 de abril. La ciudad, puente comercial con Venezuela, vive una severa crisis económica que se refleja en su tasa de desempleo de 18%, muy superior al 10% a nivel nacional. La sostenida caída del comercio entre Venezuela y Colombia y la devaluación de la moneda venezolana han afectado durante varios años la capacidad exportadora de la industria colombiana, a la vez que ha deteriorado al tradicional sector comercial cucuteño. Los colombianos cada vez venden menos a Venezuela y, por el contrario, se ven estimulados a comprar productos vendidos (aunque no producidos) en Venezuela, dado el subsidio implícito en los precios y la fortaleza del peso ante el bolívar.

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La relevancia del comercio entre Venezuela y Colombia se encuentra en los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Venezuela fue el destino del 10% de las exportaciones colombianas a mediados de la década de los años noventa, tiempo de libre comercio dispuesto por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Cesar Gaviria Trujillo desde 1992. Luego, Colombia se benefició del boom importador del Gobierno Chávez, al punto que en el año 2007 el 17% de las ventas colombianas al extranjero tenían a Venezuela como destino. Ahora, las cifras del año 2013 indican que las ventas a Venezuela sólo sumaron el 4% de las exportaciones colombianas. Las recurrentes crisis políticas entre Chávez y Álvaro Uribe Vélez, los embargos comerciales aplicados por Venezuela a Colombia y, la más reciente caída de los recursos fiscales en Venezuela, han reorientado las compras en desmedro de los proveedores colombianos. En el año 2007, el 11% de las importaciones venezolanas provenían de Colombia, en tanto, en el año 2012 sólo el 3,8% fue de esa procedencia. El valor de las ventas colombianas a Venezuela en el 2013 fue sólo un tercio del registrado en 2007.