Declaración del 7º Encuentro Grupo de Puebla
Ciudad de México (30 de noviembre y 1 de diciembre)
Las y los miembros del Grupo de Puebla nos hemos reunido en la Ciudad de México para confirmar nuestro compromiso con propuestas enmarcadas dentro de los valores progresistas ante las difíciles circunstancias que atraviesa América Latina y el Caribe no solo en términos sanitarios, sino por la severa crisis económica que golpea a los más vulnerables y las constantes amenazas contra la democracia.
Estando presentes en México queremos extender un saludo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y celebrar el tercer aniversario de su gobierno, que representa un camino claro para avanzar desde el progresismo en el bienestar de la gente y en la profundización de la democracia.
Hemos acordado insistir en la necesidad de poner en marcha la Agenda Progresista presentada en el V encuentro del Grupo el 17 de mayo de 2020, como forma de enfrentar la actual crisis económica que ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de distintos tipos que afectan a nuestra región. Tal como se planteó en dicha Agenda, enfatizamos en que la salida a semejante crisis obliga a un fortalecimiento y reivindicación del papel del Estado para promover estímulos fiscales y monetarios para la reconstrucción de las economías nacionales y generación urgente de empleos. Las inversiones y financiación públicas serán indispensables para inducir las inversiones privadas e incentivar el relanzamiento del crecimiento económico.
Insistimos en que la reconstrucción de las economías post pandemia implica el combate a la evasión fiscal y reformas tributarias que promuevan impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza de los grandes capitales para garantizar inversiones y políticas sociales para retomar el crecimiento al compás del combate contra las desigualdades y la inclusión social.
Es imperioso levantar un modelo distinto de adaptación y mitigación frente al calentamiento global, y a que, los espacios multilaterales, en especial Naciones Unidas, incluyan como tema central de su agenda la recuperación económica mundial y a la salud como un bien público universal, entre otros.
Creemos genuinamente en los principios expresados en el Manifiesto del Grupo de Puebla del 10 de febrero de 2021 punto de partida de un proceso de construcción colectiva con miras a un proyecto político alternativo para América Latina y el Caribe y que, deberá servir de referencia para la formulación de propuestas progresistas en el ámbito interno de nuestras naciones, así como a escala regional.
Proponemos en el marco de este VII encuentro un Modelo Solidario de Desarrollo articulado alrededor de seis ejes: la superación de la desigualdad social, la búsqueda del valor, una nueva política económica, la transición ecológica, la integración como construcción de región y una nueva institucionalidad democrática. Este Modelo basado en un enfoque de género y diferenciado que proponemos como la hoja de ruta del progresismo latinoamericano y caribeño con miras al abandono definitivo del anacrónico modelo neoliberal. Este último con su vocación extractivista ha dejado efectos difícilmente reversibles sobre el medioambiente, ha significado alarmantes niveles de concentración de la riqueza que nos convierten en la zona más desigual del planeta y ha atrofiado los circuitos de redistribución.
Desarrollaremos un espacio de discusión
Destacamos el trabajo del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) por sus notables esfuerzos para combatir, en todas sus formas, las retaliaciones en contra de líderes y lideresas progresistas que han adoptado la forma de guerras jurídico-mediáticas (lawfare), judicialización de la política y una politización de la justicia, amenazas preocupantes en el interrumpido proceso de democratización latinoamericana y caribeña. Esta labor también ha permitido advertir sobre golpes de todo tipo a gobiernos democráticos apoyados en algunos medios de comunicación y con el uso de las redes sociales en función de intereses algunas veces incompatibles con la pluralidad.
Denunciamos la persecución judicial y comunicacional que, por razones políticas, sufren los líderes y lideresas de Iberoamérica. Estos casos de lawfare investigados por CLAJUD en Argentina, Colombia, Chile, España, Brasil y Ecuador como ha señalado este Consejo durante este encuentro, son solo la punta del iceberg de una estrategia global contra los movimientos progresistas que debemos estudiar y comprender y contra el que debemos aprender a luchar.
Expresamos nuestra preocupación por el avance de discursos golpistas, racistas, negacionistas del cambio climático y de la pandemia que amenazan la democracia y los derechos conquistados en particular por las mujeres.
Recordamos que la defensa de la democracia está asociada a la observación de procesos electorales, por eso, revalidamos nuestro compromiso en elecciones para corroborar su carácter transparente y en cumplimiento de las exigencias de competencia electoral.
Defendemos el multilateralismo y los espacios de concertación política en el plano regional e internacional. Reiteramos nuestro apoyo a las voces progresistas que sugieren incluir el tema de la recuperación durante y post pandemia en los escenarios de negociación de Naciones Unidas. Por ende, apoyamos la convocatoria de una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar salidas globales a la pandemia y formas para reactivar solidariamente las economías de todo el globo tomando en cuenta las asimetrías en los grados de vulnerabilidad y desarrollo.
Recordamos que, de acuerdo a la Internacional Progresista con las actuales ritmos y alcances de vacunación, los Estados de bajos ingresos requerirán de 57 años para alcanzar la inmunización. En consonancia, apoyamos, una vez más, la suspensión de las patentes farmacéuticas mientras dure la pandemia y se actúe conforme a la idea de que las vacunas constituyen un bien público de la humanidad.
Nos sentimos comprometidos con las políticas que permitan avanzar en una transición energética que detenga cuanto antes el calentamiento global y apoyamos los compromisos multilaterales adoptados en la COP26 para lograr lo más pronto posible la neutralidad de carbono, una reducción sustancial de emisiones de gases de efecto invernadero y el fin de la deforestación. Recordamos y exigimos el cumplimiento de compromisos por parte de los Estados más ricos para el desembolso de fondos hacia los países del Sur Global y se alcancen las metas de descarbonización. Nos sumamos al llamado por una recuperación económica mundial, en sintonía con los ecosistemas.
Reconocemos la importancia del trabajo con derechos así como sus organizaciones e instituciones como un factor esencial en el combate contra las desigualdades y las injusticias sociales. Por ende, desarrollaremos un espacio de discusión para la construcción de iniciativas con miras a revalorar el trabajo y las condiciones laborales como un punto central de la agenda regional progresista.
Creemos y nos sumamos a las propuestas de Argentina y México para la creación de un Fondo Global para la recuperación de las naciones con menores niveles de desarrollo financiado por contribuciones de los Estados del G20 (0,2% de su PIB), un 4% de los mil capitales más grandes del mundo, y otro porcentaje idéntico de aquellas empresas que más ingresos han obtenido en medio de la crisis sanitaria.
Apoyamos la creación de una Agencia Pública Regional de Calificación de Riesgos para no dejar en manos de actores privados la evaluación de las condiciones financieras y económicas de nuestros Estados, evitando que la emisión de alertas se convierta en un factor de agravamiento de la crisis.
Insistimos en la necesidad de una tasa mínima impositiva global superior al 15% tal como se acordó en el G20 y subrayamos la necesidad de que alcance al menos un 21% para equilibrar de algún modo, la correlación entre quienes han perdido y quienes han redituado la crisis. De igual forma, recordamos la urgencia por establecer una renta básica solidaria que les permita acceder a un mínimo vital a quienes han sufrido o seguirán sufriendo por cuenta de la pobreza y la pobreza extrema.
Reivindicamos nuestra soberanía digital para abandonar paulatinamente la condición de consumidores de conocimiento y abastecedores de datos de Estados y empresas que concentran y monopolizan la información. Requerimos de agendas y ambientes donde el gobierno electrónico sea una oportunidad y un espacio de participación. En este sentido, rechazamos las nuevas prácticas que, a través de redes y plataformas digitales obstaculizan el derecho de los ciudadanos a votar libremente mediante engaños, noticias falsas y la compartimentalización de mensajes que desinforman a la vez que se propagan mentiras y miedos.
Hacemos un llamado a entender nuevas formas de vulnerabilidad por la condición de género, sexo, orientación sexual, etnia o raza, entre otras. Las discriminaciones, exclusiones y estigmatizaciones en el marco de la pandemia parecen haberse disparado preocupantemente. Enfatizamos la relevancia de la economía del cuidado y por el reconocimiento urgente de una protección social para quienes desempeñan esas tareas en total desabrigo.
Creemos en la igualdad de género y en la condena sin contemplaciones a todas las formas de violencia y exclusión desde una perspectiva interseccional. El progresismo se siente identificado con los valores que ha abanderado el feminismo y considera como parcial e incompleta cualquier transformación social, política o económica sin la participación activa, masiva e integral de la mujer.
Nos sumamos a un enfoque alternativo para el problema mundial de la droga, recordando que las salidas unilaterales, militaristas e impuestas extraregionalmente han comprobado ser un fracaso rotundo. Creemos en una discusión abierta y entre iguales, basada en la responsabilidad compartida, el abordaje diferenciado de los eslabones que participan del proceso, para considerar aquellos más débiles e insistimos en un esquema más compatible con los derechos humanos y el diálogo social.
Hacemos hincapié en los problemas vinculados a la crisis económica y diferentes consecuencias políticas que han incrementado las migraciones en la región, hecho utilizado por las fuerzas políticas de la derecha y la extrema derecha para estigmatizar a las personas migrantes, aumentando sus penurias. Como progresistas llamamos a los gobiernos y a los pueblos para que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, contribuyan al encuentro y cumplan igualmente la legislación internacional sobre asilo y refugio.
Apoyamos la democracia en Venezuela y rechazamos tajantemente los intentos de injerencia que retrasan una salida a la crisis económica y sanitaria. Reconocemos el avance en el proceso democrático y legítimo para la elección de autoridades regionales. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se levanten las sanciones que han tenido un efecto devastador en la adquisición de medicamentos en medio de la pandemia y han conspirado contra la reactivación económica. Hacemos votos para que el proceso de negociación auspiciado por el gobierno de México contribuya a una reconciliación definitiva y de largo aliento, anhelo del pueblo venezolano.
Necesitamos que la paz en Colombia prospere y se concreten los Acuerdos de La Habana que pusieron fin a más de medio siglo de conflicto y que, cuanto antes, se retome el diálogo con el ELN que conduzca al desmonte definitivo de la guerra. A su vez, frente al proceso electoral en Colombia en 2022, alertamos sobre la posibilidad de fraude, lawfare y los riesgos asociados a la inseguridad e integridad física que viven los liderazgos progresistas, situación ante la cual estaremos vigilantes y prepararemos una observación especial.
Rechazamos el bloqueo del que es víctima el gobierno del cambio que lidera el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virma Johnson, por parte de la Asamblea Departamental, del Pacto de Ciénaga y del mismo presidente de la república. Del mismo modo, nos solidarizamos con las acciones de gobierno que adelanta en pro de los sectores más pobres y vulnerables de la región.
Esperamos que, en el corto plazo Nicaragua recupere la paz y la estabilidad, se superen las disputas que polarizan y el país se encamine hacia una reconciliación, en el convencimiento de la necesidad de un profundo respeto a las libertades y a los derechos humanos. Condenamos las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y las injerencias que perturban la democracia y generan un clima de radicalización.
Denunciamos los intentos de interrumpir el mandato del presidente Castillo elegido democrática y legítimamente por el pueblo peruano.
Invitamos a los actores políticos a tramitar las diferencias dentro del marco del Estado de derecho. Expresamos nuestra preocupación por la aparición de grupos violentos de ultraderecha que han amedrentado a diversos líderes políticos, autoridades, periodistas, y fiscales, entre otros.
Expresamos nuestra inquietud con las constantes retaliaciones en contra de la oposición ecuatoriana a través de las guerras jurídico- mediáticas que, no solo limitan derechos, sino que impiden el control político, una característica necesaria en un sistema de contrapesos.
Rechazamos tajantemente los ataques sistemáticos en El Salvador en contra del Estado de derecho y la independencia de poderes, así como los excesos en el uso de la fuerza que se escudan en la necesidad legítima de seguridad ciudadana. Tales acciones no solo afectan la democracia, sino que ponen en riesgo los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra en el pasado reciente.
Nos solidarizamos con el pueblo de Cuba y llamamos a un cese definitivo del embargo económico y de sanciones políticas injustificadas que han causado malestar social y hechos de movilización ciudadana, auspiciadas y promovidas en medios y redes enemigos de la Revolución cubana desde Estados Unidos. Tales medidas obedecen a la anacrónica lógica de la Guerra Fría además de atentar contra su soberanía. Felicitamos las iniciativas de la ciencia y medicina cubanas para contener la pandemia y que, significan esperanza para millones de latinoamericanos y caribeños.
Condenamos la “ultra-derechización de la derecha” en Chile y su avance político, porque los discursos de odio que ella enarbola y la relativización y hasta legitimación de las violaciones a los derechos humanos de los regímenes dictatoriales, que sufrió el país durante el siglo XX, constituyen un retroceso de humanidad y una provocación para la desestabilización democrática. Así mismo, observamos con preocupación la forma en que el extremismo de derecha en Chile busca socavar los avances en materia de género y de derechos de las mujeres, así como la relativización que hace del avance científico en materia de vacunación y de contención del cambio climático.
Saludamos el triunfo en las urnas del progresismo en Honduras en cabeza de Xiomara Castro y esperamos que esta decisión soberana de su pueblo, fortalezca la democracia y pueda llevar a cabo el programa social de largo alcance ofrecido por su nueva presidenta.
Denunciamos los intentos de la derecha boliviana para desestabilizar el gobierno democráticamente elegido y las conspiraciones para revivir el ambiente de polarización que condujo al golpe de Estado de 2019, y la posterior campaña de represión que derivó en graves violaciones a los derechos humanos.
Vemos con preocupación en Paraguay la implementación de una ley que criminaliza a los líderes campesinos e indígenas que luchan por la tierra. Condenamos los desalojos violentos de campesinos y pueblos originarios de sus legítimas tierras ancestrales.
Reiteramos que, como progresistas nos sentimos profundamente comprometidos por alcanzar un nivel de desarrollo en sintonía con el ambiente, una democratización en la que quepan nuevas voces que hoy se suman en espacios de participación inéditos como este Grupo y un modelo de desarrollo solidario que reconcilie la política, tan justificadamente impopular en el último tiempo, con las reivindicaciones legítimas de nuestros pueblos.
