por
Roque González Vera – Aldo Benítez
ABC Color 03 Julho 2011

Las constantes incursiones que hacen los invasores  tienen un síntoma inquietante  entre los productores: miedo; miedo para sembrar y cosechar. Miedo para invertir y crear puestos laborales, miedo  para seguir trabajando en sus tierras.

La mayoría de estos productores que hoy viven amenazados son colonos de origen brasileño. Muchos de ellos llevan décadas trabajando en sus tierras, haciendo millonarias inversiones, generando  puestos de trabajo para la gente de sus zonas de influencia.

Estos colonos han establecido familias en nuestro país. Tienen hijos e hijas paraguayos que trabajan y estudian aquí. 

Los productores afectados por las amenazas e invasiones están afincados preferentemente en  Santa Rita, Ñacunday, Santa Rosa del Monday, Naranjal  (Alto Paraná) y San Rafael del Paraná (Itapúa). Estos distritos se han caracterizado en los últimos años por un crecimiento económico sustentado en el modelo de producción agroindustrial.

Ante la ola de invasiones que sacudió a Santa Rita, la intendencia municipal emitió  una declaración de emergencia distrital. El documento fue dado a conocer el día 23 de junio pasado.

Una semana después, esta misma postura tomó la Municipalidad de Santa Rosa,  donde también las amenazas e invasiones causan zozobra.

Actualmente, la Intendencia de Santa Rita tiene en proyecto la instalación de un parque industrial. Una de las empresas que desea instalarse en este parque es “Globoaves”, una multinacional brasileña que desea  invertir unos 60 millones de dólares en el lugar, creando fuentes de trabajo  para 250 personas en forma directa.

Sin embargo, directivos de esta firma comunicaron a la Intendencia que van a esperar que se  garantice la instalación de la fábrica, atendiendo las invasiones que se están produciendo  en Santa Rita.

La consecuencia  inmediata de esas invasiones se refleja también en el comercio y la industria de cada  ciudad. Como la economía de estas zonas se basa casi exclusivamente en la producción agrícola, si no se puede trabajar la tierra, no se podrán comprar elementos agrícolas y, por  añadidura, ya no se contratará  a la gente.

El Estado paraguayo no  garantizó  la inversión privada en todos estos distritos afectados por las invasiones. Así coincidieron en señalar los directivos de las varias cooperativas de producción que trabajan en Alto Paraná e Itapúa.

En ese sentido, la Central Nacional de Cooperativas (Unicoop) pide claridad y definición al gobierno, ya que no saben si tienen las garantías necesarias para seguir invirtiendo en el trabajo que desarrollan.
 

No existe una coordinación entre la Policía y fiscales

CIUDAD DEL ESTE (Fermín Jara, corresponsal). La fiscala de Iruña, María del Carmen Meza, ordenó la detención de 19 integrantes de la denominada comisión vecinal Santa Lucía, de Ñacunday, quienes fundaron el asentamiento “18 de Octubre” en las tierras que comenzaron a invadir en la zona de Ñacunday.

La agente fiscal indicó que actualmente en el lugar se encuentran cerca de 600 familias que no permiten a los productores cosechar ni sembrar, causando graves pérdidas a los mismos. “La fiscalía pidió el desalojo hace un mes, a base de una orden del juez penal de Iruña, Omar Vallejos, pero no se está pudiendo cumplir. No sé por qué la Policía no me está dotando de suficiente personal para hacer el desalojo. Los oficios ya están todos comunicados al comandante y estamos aguardando. La orden ya tenemos hace más de un mes y a medida que pasan los días aumentan las pérdidas de los productores”, dijo la representante del Ministerio Público.   

Meza expresó que los productores afectados se encuentran trabajando en el lugar desde hace 32 años y que tienen contratos privados de arrendamiento, según pudo constatar; es por ello que no se explica el reclamo de los campesinos, quienes argumentan que existen excedentes sobre los cuales tienen derecho a reclamar.   

El ministro del Interior, Federico Acuña, desmintió en Asunción que la Policía no cumpla con su labor en Ñacunday ante las denuncias de invasiones de tierras. Acuña indicó que desde que tomó conocimiento del caso, ordenó que personal policial intervenga en las denuncias de ocupaciones en Ñacunday.