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Los brasileños detrás de la explotación ilegal de oro en Colombia
Los helicópteros Black Hawk aterrizaron en lo que hasta hace pocos años era un pedazo de selva virgen, pero que ahora parecía un desolado paisaje lunar. En pocos minutos decenas de uniformados de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal –Unmi–, miembros de la Dijín, fiscales y procuradores descendieron en el sitio conocido como Acandí Seco, cerca de una vereda de Río Quito en el Chocó. Eran las ocho de la mañana del pasado 22 de febrero. Se desarrollaba la más reciente operación contra el grave y creciente problema de la minería ilegal en Colombia.
En el lugar las autoridades encontraron 19 dragas, 10 excavadoras y otras máquinas utilizadas para esa actividad. “El costo de la maquinaria destruida a estas organizaciones criminales es de 51.000 millones de pesos aproximadamente. Cada semana obtenían ganancias por 3.200 millones de pesos producto de esa explotación ilícita de yacimientos mineros auríferos. Parte de ese dinero iba para las arcas de varios grupos armados que delinquen en la zona”, explicó a SEMANA el coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la Unmi.
Esta operación se sumó a las 689 efectuadas solo en 2016 en contra de 2.281 minas ilegales en todo el país. En ese periodo, las autoridades destruyeron 152 máquinas y 509 dragas e incautaron 229 retroexcavadoras al igual que decenas de volquetas y motobombas usadas por estos explotadores.
Durante tres días los uniformados y fiscales estuvieron en el sitio. La investigación que duró varios meses les permitió a las autoridades establecer que al frente de esa explotación estaba un brasileño conocido en la zona como Chico, a quien buscan afanosamente.
A primera vista puede parecer exótico que un ciudadano de Brasil encabece una compleja y millonaria explotación de oro en mitad de la selva chocoana. Sin embargo, para las autoridades esto ya no es una novedad. De hecho en el último año han capturado 21 brasileños, la gran mayoría en varias zonas de Chocó. Es claro que lo que en un principio parecía algo aislado en realidad esconde una tendencia criminal: la presencia de estos extranjeros al frente de ese tema ilegal en el país.
“En Brasil las leyes y la legislación contra la minería ilegal se endurecieron durante los últimos años. Eso produjo la llegada de muchos brasileños a Colombia en donde empezaron a trabajar en esa actividad ilegal aprovechando que las normas no son tan fuertes como en su país”, explica el coronel Peláez.
Muchos de ellos han adoptado como base de operaciones el municipio de Caucasia, Antioquia, donde establecieron acuerdos con bandas criminales, como el Clan del Golfo o el ELN. El pago de la vacuna acordada con estos grupos les abre acceso a las zonas selváticas para empezar su actividad ilegal, protegidos por ellos.
Preocupa mucho a las autoridades que estos ciudadanos, que tienen una vasta experiencia en minería, crearon lo que en la zona se conocen como dragones brasileños. Esencialmente son la ‘evolución’ de las tradicionales dragas usadas por los mineros ilegales colombianos. Se trata de gigantescas estructuras de más de 20 metros de largo y dos pisos de altura en las que grupos de hasta diez personas trabajan 24 horas al día. Por medio de potentes motobombas, los tubos de estos aparatos barren los lechos de los ríos en busca del oro.
El daño ambiental que producen es descomunal e irreparable. Hace pocos meses las autoridades arrestaron a José Covalcante y su socio Aroudo Sousa, cerca de Itsmina, Chocó, cuando supervisaban la operación de algunos de estos aparatos y llevaban varios millones de pesos para pagarles a los grupos irregulares en la zona. El primero ya había sido arrestado en 2014, pero un juez lo dejó en libertad y continuó con sus actividades ilícitas hasta que cayó de nuevo el año pasado.
Al igual que en ese caso, varios brasileños y también colombianos han quedado en libertad por órdenes de los jueces. Uno de los vacíos de la legislación nacional permite excarcelar a los capturados por minería ilegal. En algunos casos los jefes brasileños después de ser liberados por un juez simplemente reciben una notificación de las autoridades migratorias que les ordenan salir del país en un plazo de tres días. Obviamente no se van y por eso en las operaciones es común encontrarlos una y otra vez.
Para evitar el desgaste que implica capturar a estos delincuentes, la Policía y la Fiscalía optaron por investigaciones más robustas. Con peritos ambientales y especialistas ahora documentan y prueban algo que parece obvio, pero que los jueces usaban de argumento para liberar a los detenidos. Tienen que demostrar que esa minería ilegal está directamente ligada a delitos contra el medioambiente, los cuales no son excarcelables y contemplan penas entre 8 y 20 años de prisión.
Solo el tiempo dirá si los jueces empiezan a tomar conciencia de la gravedad del asunto de la minería ilegal y evitan que estos depredadores sigan deforestando las selvas, cambiando el curso natural de los ríos y envenenado los afluentes de agua con mercurio.
