EDGAR C. OTÁLVORA/ ANALISTA
@ecotalvota
Los resultados de la segunda vuelta por el escaño al Senado por Luisiana marcaron el inicio de una carrera en los pasillos del Congreso de EEUU, buscando la aprobación de una ley con sanciones contra personas (no sólo funcionarios) involucrados en violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El domingo 06DIC14, la demócrata Mary Landrieu fue derrotada por el republicano Bill Cassidy en su intento por lograr un cuarto mandato como senadora por Luisiana. El hecho, que aparentemente no guardaba relación directa con Venezuela, defenestraba a la senadora Landrieu, quien mantiene fuertes conexiones con el sector petrolero de su estado, incluyendo a la empresa Citgo, propiedad del Gobierno venezolano, de la cual recibe contribuciones para financiar sus actividades políticas. El 31JUL14 Landrieu bloqueó en el Senado, la consideración y aprobación sin votación ni debate de un proyecto de ley referido a Venezuela, patrocinado por el senador demócrata y presidente del Comité de Relacionas Exteriores Robert Menéndez. Landrieu se hizo eco de papeles preparados por Citgo en los cuales se especulaba sobre potenciales impactos contra esa empresa en caso de prosperar la ley. En una jugada parlamentaria de última hora, las “dudas” de Landrieu imposibilitaron la aprobación de la ley, por vía rápida, tal como ya había sido acordado entre las dos bancada. Resultó obvio que la senadora había facilitado una maniobra propiciada por el Gobierno de Nicolás Maduro para posponer la consideración de la ley. Llegaron las vacaciones legislativas y el tema quedó congelado hasta que en la noche del 06DIC14 se conocieron los resultados de Luisiana por los cuales Landrieu ahora va de salida del Senado.
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El proyecto de Ley 2142 titulado “Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela” fue presentada originalmente por Robert Menéndez el 13MAR14, con el copatrocinio del demócrata Bill Nelson (Florida) y de los republicanos John McCain, Marco Rubio y Mark Kirk (Arizona, Florida e Illinois). En paralelo, desde el 07MAY14, en la Cámara de Representantes comenzó a procesarse un proyecto análogo (HR4587) al de Menéndez, presentado por la republicana Ileana Ros-Lehtinen (Florida) el cual llegó a ser aprobado por el plenario de la Casa y esperada su confirmación por el Senado.
Con la derrota de Landrieu en Luisiana, los grandes motores de la ley sobre Venezuela, Rubio, Menéndez y Ros-Lehtinen, arracaron el lunes 07DIC14 una intensa actividad para reactivar el acuerdo bipartidista y aprobar el proyecto en el Senado sin debate ni votación, para luego llevarlo a consideración de la Cámara, lograr que fuera considerado sin modificaciones y proceder a votarlo sin debate. Todo ello debía realizarse en un plazo de cuatro días, durante la última semana del actual Congreso, compitiendo con decenas de decisiones legislativas represadas. El martes 08DIC14 el Senado de EEUU aprobó la ley “Para imponer sanciones a personas responsables de violación de derechos humanos de manifestantes antigubernamentales en Venezuela, para fortalecer la sociedad civil en Venezuela y para otros propósitos”. A las 6:26 de la tarde del miércoles 10DIC14 la Cámara de Representantes aprobaba igualmente el proyecto de ley.
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El grupo bipartidista de parlamentarios, bicameral y descendiente de latinoamericanos habían logrado imponer su estrategia ante el Gobierno de Nicolás Maduro, pasando a manos del presidente Barack Obama una carta que puede representar el escalamiento en las tensiones entre Washington y el régimen venezolano.
Quedó demostrado que el tema “Venezuela” ya forma parte de la agenda de los políticos latinos en EEUU. El caso más notorio de reciente activismo político y parlamentario alrededor del tema latinoamericano y en especial “Venezuela” es el del republicano Marco Rubio. Durante su viaje oficial a Colombia el 05-06NOV14, Rubio sostuvo reuniones con el alto Gobierno colombiano incluyendo al vicepresidente German Vargas Lleras, los ministros de Defensa y Hacienda, así como el jefe de la delegación oficial en las negociaciones con las FARC, Humberto de la Calle. Rubio igualmente se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Las primeras reacciones del Gobierno Maduro ante la aprobación de la ley en el Congreso de EEUU ha sido intensificar su campaña contra el líder opositor Leopoldo López, preso en una cárcel militar y, contra su esposa Lilian Tintori, quien adelanta una incansable campaña internacional por la causa de su marido. Aparte de la utilización publicitaria de la ley en plano de victimización interna, el aparato propagandístico castrochavista ya comenzó a movilizarse internacionalmente. El ALBA se pronunció el 11DIC14 denunciando la “agresión” de la “élite imperialista”. El Gobierno Maduro está gestionando pronunciamientos de los distintos Gobiernos de la región y de organismos como Mercosur o Unasur. En Caracas y en La Habana se sopesan las posibles acciones diplomáticas de Maduro ante EEUU.
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Desde la radicalización del régimen de Hugo Chávez y su inocultable alianza política y militar con Cuba, el Gobierno de EEUU ha ido imponiendo diversas limitaciones y sanciones al régimen chavista. Las ventas a clientes venezolanos por empresas productoras de alta tecnología, tales como IBM o HP, han sido supervisadas durante la última década, según diversas fuentes, ante sospechas de flujo de equipos informáticos a Cuba.
El suministro a Venezuela de material para uso militar o para uso final por parte de militares con tecnología estadounidense está vetado, lo que ha impedido ventas por parte de las industrias bélicas de varios países incluyendo Brasil y España. El embargo de EEUU a Venezuela en materia de venta de bienes y servicios militares fue fijado por resolución del Departamento de Estado vigente desde el 17AGO06. Luego, desde el 23ENE09, el Departamento de Seguridad Nacional estableció la revisión especial de barcos que se dirijan a puertos estadounidenses y que previamente tocaran en puertos venezolanos, como una medida antiterrorista.
En septiembre y noviembre de 2014, el Departamento de Comercio de EEUU emitió resoluciones que ampliaron el bloqueo al suministro de equipos con tecnología estadounidense y con uso final militar que pudieran ser negociados por Venezuela con Rusia y China. El Gobierno de Barack Obama justificó esas recientes nuevas restricciones de comercio bélico como una respuesta a la “violenta represión militar contra el pueblo de Venezuela”. También por esa causa, el Departamento de Estado impuso sanciones, el 30JUL14, a altos funcionarios civiles y militares venezolanos a quienes se les retiró el visado. Según diversas fuentes, EEUU ha mantenido informados a varios Gobiernos de Latinoamérica, incluyendo a Brasil y Colombia, sobre los pasos que ha dado ante el régimen venezolano.
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La ley 2142 identifica tres tipos de potenciales personas (no sólo funcionarios) sancionables por EEUU. Primero: los que perpetraron, ordenaron o dirigieron actos de violencia o serias violaciones de los derechos humanos contra personas asociadas a las protestas antigubernamentales iniciadas en Venezuela el 04FEB14 (arranque de protestas en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira). Segundo: quienes ordenaran o dirigieran el arresto y persecución de venezolanos por su ejercicio del legítimo derecho de expresión y reunión. Tercero: quienes aportaron apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios, en apoyo de los actos de violación de DDHH. Los supuestos arriba indicados pudieran corresponderse con varias centenas de potenciales sancionados.
La implementación de la ley de sanciones tendría un costo que en agosto pasado se estimaba en US$ 8 millones. Estos recursos serían utilizados por el gobierno de EEUU en las tareas de identificación de las personas sancionables y la implementación de dichas medidas que se resumen en suspensión y denegación de visados, bloqueo de propiedades y de transacciones en EEUU. Por razones de seguridad nacional, el Presidente podrá exceptuar la aplicación de sanciones a determinadas personas. Las sanciones no serán aplicables al personal venezolano ante las Naciones Unidas.
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El proyecto de ley de sanciones aprobado por el Congreso de EEUU difiere en diversos aspectos con la versión originalmente presentada por Robert Menéndez en el Senado y del proyecto impulsado Ros-Lehtinen. El proyecto senatorial fue progresivamente modificado para complacer a diversos sectores en el Congreso, reduciendo el costo presupuestario de la ejecución de la Ley. Igualmente fueron dejados a un lado diversos aspectos de acción directa en la política venezolana, reduciendo el perfil “injerencista” del proyecto inicial y haciéndolo más potable internacionalmente. La ley aprobada no incluye la creación de un fondo para respaldar a la oposición venezolana, cuyo monto era de US$ 15 millones en el proyecto de Menéndez y de US$ 5 millones en el proyecto Ros-Lehtinen. Este punto fue eliminado del proyecto desde el mes de agosto por los promotores del proyecto en el Senado, para garantizar que varios senadores republicanos no bloquearan la vía rápida para la aprobación. El proyecto que corrió en el Senado originalmente obligaba al Departamento de Estado a “fortalecer la organización y capacidad operacional de la sociedad civil en Venezuela”, “facilitar el acceso no censurado a Internet a los venezolanos”, “proveer apoyo a organizaciones políticas democráticas y al monitoreo electoral en Venezuela”, entre otras medidas. Estas acciones no figuran en el proyecto finalmente aprobado.
El apoyo a refugiados políticos, las sanciones a empresas proveedoras de equipos antimotines, puntos incluidos en el proyecto de ley de Ros-Lehtinen, también quedaron fuera de la legislación aprobada.
