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Sombras de fraude en las elecciones brasileñas Link
O editor
EDGAR C. OTÁLVORA / ANALISTA
@ecotalvora
Como ya ha ocurrido en Venezuela, la desconfianza sobre la neutralidad de los sistemas electrónicos de votación comenzó a ganar cuerpo en Brasil tras las elecciones presidenciales del 26OCT14. El PSDB, partido de Aécio Néves quien habría perdido el pleito por 3,2 puntos porcentuales, presentó ante las autoridades electorales una solicitud de auditoría “para disipar cualquier tipo de duda”. El diputado Carlos Sampaio, coordinador jurídico del PSDB, solicitó el 30OCT14 al Tribunal Supremo Electoral TSE la designación de una comisión con presencia de los partidos, para evaluar todo el sistema utilizado desde las urnas electrónicas hasta el sistema de totalización.
El PSDB está pidiendo comparar las actas emitidas por las urnas con las papeletas físicas. Se trata del mismo tipo de auditoría que la oposición venezolana solicitó tras las elecciones presidenciales de 14ABR13. En aquella oportunidad, pese a la promesa de Nicolás Maduro ante los mandatarios de UNASUR para realizar esa auditoría total, el régimen venezolano se negó a practicar la comparación de actas electrónicas contra votos físicos.
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El PSDB pide al TSE revisar las órdenes de servicios y registros técnicos sobre actualización y mantenimiento de equipos y programas utilizados en las elecciones pasadas. El pedido del principal partido opositor entra en la misma dirección de diversos académicos y técnicos brasileños quienes durante los últimos años pusieron en tela de juicio la inviolabilidad del sistema electoral. Incluso el presidente del oficialista partido PT, Rui Falcão, afirmó el 24OCT14 que “existen muchas denuncias de posibilidades de fraude”.
La presencia de la empresa Smartmatic en Brasil es objeto de críticas en medios políticos, según varias fuentes consultadas sobre el tema. Smartmatic, que previamente se ha visto envuelta en escándalos de fraude electoral en Venezuela, ha sido contratada por el TSE de Brasil en varias elecciones y en las recientes presidenciales fue encargada de la trasmisión satelital de data desde “quince de los estados más remotos” según la propia empresa. (Nota DefesaNet – Caso as investigações progridam este é o ponto que deve ser analisado. A transmissão de dados- O Editor )
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El plan de Dilma Rousseff para instaurar en Brasil un esquema de “participación social” emulando al “poder comunal” chavista fue rechazado mayoritariamente en el Congreso brasileño. Los grandes partidos opositores de Brasil, con respaldo de parlamentarios aliados al oficialismo, propinaron a Dilma Rousseff una fuerte derrota política pasados apenas dos días de las votaciones que la convirtieron en presidente reelecta. Para sorpresa del Gobierno petista, el martes 28OCT14, Henrique Eduardo Alves, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del poderoso partido PMDB, principal fuerza de apoyo del Gobierno de Rousseff fuera de la izquierda, abrió el debate y la votación de un proyecto de ley para derogar el decreto presidencial 8243 del 23MAY14. La Ley derogatoria del decreto fue aprobada en la Cámara de Diputados en “votación simbólica” por manifiesta mayoría con apoyo de los partidos oficialistas PMDB y PP.
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Desde su emisión, el decreto 8243 de Dilma Rousseff comenzó a ser calificado por diversos medios de prensa y por opositores como “decreto bolivariano”, para resaltar su semejanza con aspectos del régimen chavista imperante en Venezuela. Se trata del instrumento que Rousseff emitiera para establecer la “actuación conjunta entre la administración pública y la sociedad civil”, esta última constituida por “ciudadanos, colectivos y movimientos sociales”, seleccionados por el Ejecutivo. El decreto manda que en cada órgano de la administración pública federal deben ser creador instancias para la participación de los “consejos populares” en la “formulación, ejecución, monitoreo y evaluación” de los programas gubernamentales. Según el diputado Mendonça Filho, del partido DEM y uno de los proponentes de la ley derogatoria del decreto, los consejos populares son un “eufemismo para crear un aparato ideologizado, por medio de movimientos sociales afiliados al PT y sindicalistas ligados al gobierno”. Tal como ocurre en Venezuela, el decreto Rousseff se disponía a crear una instancia de alto nivel para dirigir la acción de los “movimientos sociales” en el seno del Gobierno, la cual en el caso brasileño recaería directamente en la Secretaría General de la Presidencia de la República. La suerte del decreto de “participación social” está ahora en manos del Senado brasileño, el cual deberá considerar el proyecto de ley derogatorio ya aprobado por los diputados. Renan Calheiros, presidente del Senado y militante del gobiernista PMDB, afirmó el 29OCT14 que da como un hecho que el Senado brasileño aprobará la ley derogatoria, con lo cual el decreto de los “consejos populares” quedaría sin efecto.
La derrota de Rousseff en el Congreso, a propósito de su decreto “bolivariano”, pareciera ser el adelanto de un tormentoso periodo de pugna política que vivirá Brasil en los próximos cuatro años.
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El estilo de vida rural del mandatario uruguayo Pepe Mujica le ha ganado fama mundial de hombre humilde. Pero sus ansias de poder político son inocultables. Tras el final de su Gobierno el 01MAR15, Mujica continuará siendo parte de la estructura de poder en su país, ya que fue electo senador para el lapso 2015-2020. Independiente de quién resulte ganador en la segunda vuelta presidencial del 30NOV14, Mujica se convertirá en el segundo en la línea de sucesión presidencial en Uruguay. Mujica y su esposa Lucía Topolansky resultaron los dos candidatos individualmente más votados en las elecciones del 26OCT14. Cuando Mujica asuma su curul senatorial será el encargado de presidir el Senado en caso de que el vicepresidente de la República (presidente nato del Senado) deba asumir la presidencia. En la hipótesis de ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, Mujica asumiría nuevamente la presidencia de su país. Y en caso de ausencia total del propio Mujica, sería su mujer quien ascendería a la presidencia de Uruguay.
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La expresión “Gobierno Militar” comenzó a aparecer en diversos mensajes emitidos vía Twitter por el Ministerio para la Defensa de Venezuela, luego que el general Vladimir Padrino López asumiera el cargo de ministro el 27OCT14. La expresión sustituye la frase “gobierno de eficiencia militar” utilizado por la saliente titular almirante Carmen Meléndez en sus tuiteos.
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En medio de tensiones entre diversas facciones en el interior del chavismo, Nicolás Maduro realizó una modificación de la cúpula militar que implica no sólo el cambio de nombres, sino una reformulación del mando castrense y la reafirmación de su alianza con el sector militar. Tras una estadía de tres días en Cuba, el viernes 24OCT14 Maduro designó a Padrino López como nuevo ministro de la Defensa, pero sin retirarle su condición de jefe del Comando Estratégico Operacional. Mientras el despacho ministerial es la entidad administrativa y protocolar, la jefatura del CEO es la verdadera instancia de control del aparato armado del país. La convergencia de ambos cargos en Padrino, lo convierten en el supremo jefe militar del país. Su posición ideológica es confesamente “chavista” y se ha mostrado como un jefe militar altamente operativo.
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Toby Valderrama, ideólogo del chavismo radical, escribió el 27OCT14: “Cuando este circo pseudodemocrático no funcione, allí están los militares prestos a empezar otro ciclo”.
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Durante el acto de cambio de mando del Ministerio de la Defensa, transmitido en vivo por las televisoras oficiales, Maduro anunció el incremento de salarios en 45% para todo el personal militar, alegando que “es necesario mantener el ingreso real de las soldadas y soldados”. Se trata, en primer lugar, de una confesión de la incapacidad gubernamental para frenar inflación que según cifras oficiales ya es superior al 60% anual y que seguirá escalando en la medida que el Gobierno cubra sus gastos mediante la emisión de más papel moneda. En segundo término, el anuncio fue una escena, fríamente calculada, del favoritismo que el régimen gusta mostrar hacia el sector castrense. Dos días después, ante las esperables críticas públicas por la falta de aumentos al resto de las ramas del Gobierno, Maduro realizó una visita al Fuerte Guaicaipuro en Charallave, estado Miranda, donde ante un auditorio conformado por tropa, arengó contra la supuesta “ultraderecha” que censura el aumento salarial militar como forma de atacar a la Fuerza Armada. Resultó obvió el manejo publicitario que Maduro hacía del tema salarial hacia el interior de los cuarteles.
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La alianza entre la alta jefatura castrense y la dirigencia procubana del régimen venezolano pasa por altas concesiones a los militares. Desde programas sociales específicos (entregas de vehículos, préstamos, artefactos eléctricos, y diversas ayudas) que son ampliamente publicitados en los medios oficiales, hasta la política de adquisiciones militares y de ascensos. No se conocen cifras exactas del tamaño actual del aparato militar venezolano, pero es evidente el gran incremento del pie de fuerza que ha experimentado desde el ascenso del chavismo al poder en 1999. Igualmente, existe la percepción sobre el incremento del tamaño de la cúpula militar, la cual fue ampliada en dos rangos por el propio Hugo Chávez. Según Rocío San Miguel, vocera de la ONG “Asociación Civil Control Ciudadano” y analista de temas militares venezolanos, entre julio y octubre del presente año Maduro ordenó el ascenso de 243 generales y almirantes. Para tener algún sentido de comparación, el total de generales del Ejército y de la Policía Nacional de Colombia, entes que libran una guerra interna en su país, es de apenas 80 oficiales generales.
